El Tribunal Constitucional anuló en su Sentencia 59/2017 de 11 de mayo de 2017 (publicada el 15 de Junio de 2017), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Pues bien, se está negociando en el Congreso la reforma de este polémico tributo y, en el proyecto de Ley presentado, se contempla la aplicación con carácter retroactivo desde la fecha de la publicación de la Sentencia 15 de Junio de 2017.

El proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que pretendía modificar la normativa de los Colegios Profesionales, fue retirado en su día por el Gobierno, si bien desde la CNMC se insiste en que la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) han señalado la necesidad de que España acometa reformas en esa dirección para fomentar el libre mercado y la competencia, no olvidemos que las profesiones colegiadas generan mas de un 8% del PIB.

A esta pregunta nos responden Pascual Hernández y Beatriz Jiménez, Letrados del Estudio Jurídico Hernández, efectuando el siguiente análisis.

El 7 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo dictó sentencia 154/2017 mediante la cual, venía a establecer varios criterios frente a la acción de reembolso del art 1158 CC con respecto a la obligación de alimentos. La sentencia resuelve recurso de casación frente a la sentencia de la audiencia provincial de Vizcaya, la cual a su vez confirmaba sentencia de un Tribunal de Primera Instancia. Siendo estas dos últimas favorables a las pretensiones del actor, pretensiones que se rechaza por parte del TS.

Antes de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de junio de 2013, no era preceptivo ningún permiso municipal, bastaba que estuviera permitido por los Estatutos de la Comunidad de Propietarios o en su defecto se contara con la autorización unánime de la citada Comunidad.

Y los Registradores de la Propiedad venían inscribiendo las segregaciones o agregaciones de pisos o locales si en el Título constitutivo se facultaba a los comuneros a llevar a cabo dichas actuaciones,  o bien existía previamente ese acuerdo unánime de la Junta de propietarios que permitiese las mismas.

Parece que esto de los abusos bancarios vinculados a la hipoteca no va a parar, incluso aunque los tribunales fallen a favor de los clientes o, como en este caso, que sea el propio Tribunal Supremo quien denuncie públicamente este abuso.

Nos estamos refiriendo a las ejecuciones hipotecarias que la banca inicia en caso de fallecimiento del hipotecado, sin esperar al cobro del seguro de vida que ellos mismos exigieron para dar la hipoteca.

Se trata de reforzar la protección del inversor, ya regulada para la Directiva Europea 2014/65, aumentando la transparencia en la comercialización productos financieros y de inversión.

Se crea la figura de un asesor profesional y se eliminan los incentivos comerciales que las Entidades Financieras ponían a su personal para la colocación de sus productos. Lo que si se permitirá es cobrar directamente unos honorarios al cliente por el asesoramiento recurrente.